No siempre ocurre, pero a veces las decisiones políticas quedan expuestas en sus errores de manera flagrante. La distancia entre la causa y sus efectos puede ser lo suficientemente grande como para que las responsabilidades se diluyan allá lejos, en otra dimensión o en el espacio tiempo de Minkowski. Pero no siempre.

 

Es lo que sucedió hace unas semanas, cuando la tan aplaudida medida estrella de esta legislatura que acaba, la subvención al transporte aéreo a la Península del 75 por ciento, apareció seriamente cuestionada. Fue, paradójicamente, en un lugar donde pasan pocas cosas -o pocas cosas buenas-, como el Parlamento de Canarias, donde se llamó al pan, pan y al vino, vino. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, afirmó loque muchos ya sabían por haberlo experimentado en sus propias carnes: que la subida de la subvención conlleva precios más altos y, en consecuencia, mayores beneficios para las empresas.

 

No era, en realidad, el primero en decirlo, porque ya en octubre un informe elaborado por la patronal de Agencias de Viaje de Baleares (Aviba),tras estudiar el precio de 4.500 billetes desde el pasado julio, había revelado que las compañías que operan vuelos con origen o destino Baleares no habían tenido problemas para incrementar sus tarifas tras la aplicación de la nueva bonificación. Reacción general: perplejidad y señalamiento del culpable, que por supuesto son las pérfidas empresas. Nunca los políticos que toman las decisiones que propician el estropicio.

 

Y ¿por qué decimos que las compañías "no habían tenido  problemas" y no que "han encarecido los precios", que era lo que Aviba expresaba en su comunicado? Porque no han tenido problemas para cobrar más, es decir, el consumidor ha aceptado  pagar ese  precio que, aplicado el 75%,no era muy  diferente  del  anterior. Lo que no es diferente es la subvención que se lleva la línea aérea, que antes  recibía, por ejemplo, 100 euros por el 50% que no pagaba el pasajero (precio final 200) y ahora recibe 300 (precio final 400) mientras el pasajero sigue pagando 100.

 

Sucede que, en el corto plazo, si a través de la coacción gubernamental  se  ubica  el precio de un bien por debajo de aquel al que se habría vendido en un mercado libre, lo normal es que se incremente su demanda  (más personas querrán volar o las mismas querrán volar más que antes) y la consecuencia esque se reduzca su oferta, que escasee. Sube el precio porque hay muchos más consumidores interesados en adquirirlo que oferentes en venderlo, dado que las rutas de avión no se ponen y se quitan de un día para el otro. En el largo plazo, los efectos pueden ser también  negativos,  porque ese aumento de la demanda artificialmente estimulada a través del 75% de "descuento" y de un aparato propagandístico formidable como corresponde  a  una  medida de tintes tan demagógicos aunque se proclame como "derecho" probablemente no se mantenga en el tiempo,dado que las expectat vas de volar muy barato han sido defraudadas en buena parte y aquellos que se habían incorporado como nuevos consumidores  es  probable  que se retiren del mercado. Es lo que ha sucedido en Canarias con ese muy notorio aire de decepción que reinó después de anunciada  la  medida  al ver que al final los billetes no estaban tan baratos. Lo peor es que esto, además, altera los planes de las compañías, que pueden embarcarse en costosos trámites para esta­ blecer nuevas rutas sin que en realidad se den en el futuro las condiciones para que sean rentables. Recordemos que las empresas, como en todo negocio, tienen la obligación de no perder dinero y eso significa que tienen que llenar los vuelos al máximo posible de su capacidad para tener números de rentabilidad.

 

Los precios tienden a establecerse donde el consumidor puede pagar y el productor puede vender, pero las subvenciones y las Obligaciones de Servicio Público (OSP) distorsionan ese sano tira y afloja. Resulta que el jefe, el "cliente que siempre tiene la razón", deja de ser el consumidor, para pasar a ser el político que toma las decisiones y entonces se incentiva el cabildeo,la necesidad de contar con el apoyo  político en vez de con el favor del cliente. Por algo Ryanair, que críticas aparte ha cambiado para bien el mercado de la aeronavegación, solicitaba en 2013 que se eliminasen las subvenciones en los vuelos entre las Islas Canarias para acabar con la OSP. Para que un vuelo a Glasgow no cueste más que a La Palma,para entendemos. Ya lo dijo el señor Marín en su aparición en el Parlamento de Canarias: "Ustedes sabrán lo que hacen".

 

BERNARDO SAGASTUME